La familia Al-Thani ofrece un crédito de 4,2 millones como garantía
Este es el escalafón que plantea la empresa hotelera para un futuro cercano en el Málaga CF
La estructura societaria que plantea BlueBay tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga estaría compuesta por dos cabezas visibles: Jamal Satli Iglesias y Al-Thani, dueños de dos empresas, Management Empresarial Málaga S.L. y Nasir Bin Abdullah & Sons S.L., respectivamente, que son las dueñas del 49 y 51% de NAS Spain 2000 SL, poseedora del 96,80 del accionariado del Málaga CF SAD, que tendría a los pequeños accionistas con un 3,20%.
Pero la sentencia si se hace efectiva, como solicita BlueBay, incluiría una serie de acuerdos privados entre esas dos cabezas visibles y sus respectivas firmas empresariales que incluyen la obligación de un aporte de 30 millones de euros por parte de Al-Thani para el saneamiento de sus deudas y la composición de un órgano de administración en el club que quedaría de la siguiente manera: presidente honorífico, Al-Thani; órgano ejecutivo y económico, Jamal Satli y órgano deportivo, Al-Thani.
Antes de poder poner en marcha ese nuevo organigrama directivo, BlueBay va a solicitar que José María Muñoz deje de ser administrador judicial de NAS Spain, ya que entienden que «no existe ninguna razón a partir de ahora que justifique la intervención del Málaga CF». En otro apartado de la intervención de José Carlos Aguilera, abogado de BlueBay en este proceso, se estimó necesario el concurso del propio administrador judicial para reclamar a Al-Thani esos 30 millones de euros que en ese acuerdo privado se habría comprometido a abonar el jeque.
Pero también han solicitado la necesidad de realizar la ampliación de capital y han manifestado que «NAS puede pedir esa ampliación de capital para el club» y ante la no presencia de Al-Thani debería pedirla José María Muñoz, quien debe saber que quiere hacer el jeque con sus acciones de la empresa, pues Muñoz debe velar por los intereses del máximo accionista de la entidad e insiste en que «17 meses es un tiempo suficiente para una intervención judicial, la que fue la mejor decisión puede ser la peor decisión si se prolonga en el tiempo».
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